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admin | lunes, abril 8th, 2013 | No Comments »El Gobierno planea prohibir a los particulares el alquiler vacacional de pisos y apartamentos
Pretende dejar esta práctica muy extendida en Menorca sin el amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos y en manos de la legislación autonómica
J. Gilabert | 07/04/2013
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994 establece, en su artículo tres, que tendrá consideración de «arrendamiento para uso distinto del de vivienda» los arrendamientos de fincas urbanas por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra, siempre que no se trate de la vivienda habitual. Y aunque le ley balear los prohíbe excepto en casos muy determinados, los propietarios siempre podían encontrar cobertura legal en la normativa estatal.
Algunas voces del sector de las viviendas vacacionales ya han criticado la medida en ciernes como la Asociación de Gestores de Viviendas de Uso Turístico de la Comunidad de Madrid (Asotur), que la ve como una respuesta a las presiones del sector hotelero y que califica de «atentado contra los derechos de los ciudadanos», según afirman en declaraciones al portal inmobiliario Idealista.com.
En la Isla
La nueva Llei de Turisme de Balears, aprobada el año pasado por el Govern, ha introducido algunos cambios en la regulación del alquiler vacacional, aunque no ha suavizado gran cosa las difíciles condiciones que se establecen, como solicitaban algunas patronales como la de la pequeña y mediana empresa de Menorca, PIME, que sostuvo durante su redacción la necesidad de permitir que cualquier vivienda con cédula de habitabilidad pudiese ser alquilada a turistas.
La legislación balear tan solo permite ese tipo de alquileres en viviendas unifamiliares o pareadas, pero no en apartamentos y pisos. Amplía el límite temporal a dos meses de contrato y el propietario tiene que firmar una declaración responsable de una actividad que debe incluir los servicios de mantenimiento, limpieza y atención al público.
Esos requisitos, junto al de contar con un cuarto de baño por cada tres plazas, hace que la gran mayoría de propietarios que alquilan sus viviendas queden fuera y, con el cambio legal que prepara el Gobierno, en una situación de ilegalidad manifiesta.
El régimen sancionador de la Llei de Turisme establece multas de entre 40.000 y 400.000 euros para este tipo de práctica después de que el conseller balear del ramo, Carlos Delgado, haya endurecido las penas en su cruzada contra la oferta ilegal. La competencia de su control es en la Isla del Consell, aunque algunas voces del sector turístico apuntan a que existe cierta laxitud en ese sentido.